19 de octubre de 2026
Cuando parecía que Kate del Castillo había conseguido un importante avance en su prolongada batalla legal contra las autoridades mexicanas, un nuevo movimiento de la Fiscalía General de la República volvió a colocar a la reconocida actriz en el centro de la controversia relacionada con su encuentro con Joaquín «El Chapo» Guzmán.
La FGR presentó el pasado 14 de octubre un recurso de revisión para combatir la resolución judicial que ordenó reconocer a la protagonista de La Reina del Sur y a su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc., como víctimas dentro de una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios públicos.
La decisión de impugnar el amparo abre un nuevo capítulo en un conflicto que se remonta a 2015, cuando la actriz sostuvo una reunión con el entonces prófugo líder del Cártel de Sinaloa, en compañía del actor estadounidense Sean Penn, con la intención de explorar un proyecto cinematográfico sobre la vida del narcotraficante.
Aquel encuentro desencadenó una investigación federal contra Del Castillo por posibles delitos relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento. Sin embargo, después de aproximadamente 17 meses de investigaciones, las autoridades determinaron en marzo de 2017 no ejercer acción penal en su contra.
Pese al cierre de aquella investigación, la controversia no terminó. Kate del Castillo ha sostenido durante años que fue objeto de persecución política y que la difusión de información reservada afectó gravemente su reputación, su vida personal y su trayectoria profesional.
Como parte de sus acciones legales, en abril de 2025 su representación presentó una nueva denuncia contra personas que participaron en las investigaciones anteriores, señalando posibles conductas contrarias a la correcta administración de justicia.
Posteriormente, la defensa solicitó que tanto la actriz como su productora fueran reconocidas formalmente como víctimas, condición que les permitiría acceder a la carpeta de investigación, conocer las actuaciones de las autoridades y participar activamente en el procedimiento.
No obstante, la Fiscalía rechazó esa petición al considerar que ambas tenían únicamente la calidad de denunciantes y que no habían demostrado haber sufrido un daño directo.
Ante esta negativa, la actriz recurrió a la justicia federal y obtuvo una resolución favorable del juez Julio César Molina García, quien consideró incorrecto exigir la acreditación previa de un daño como requisito para otorgarles el reconocimiento solicitado.
El juzgador ordenó dejar sin efectos la determinación que les negaba esa condición y emitir una nueva resolución que las reconociera como víctimas. Sin embargo, la FGR decidió combatir el fallo mediante un recurso de revisión, por lo que ahora corresponderá a un Tribunal Colegiado determinar si mantiene, modifica o revoca la protección concedida.
Este enfrentamiento judicial no es el único que mantiene Kate del Castillo con las autoridades mexicanas. La actriz también continúa con una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, mediante la cual exige una indemnización de 60 millones de dólares, al considerar que las actuaciones oficiales provocaron daños importantes a su imagen y a sus oportunidades profesionales.
En septiembre de 2026, la intérprete reiteró públicamente que no tiene intención de retirar esa demanda, dejando clara su determinación de continuar buscando una resolución a su favor.
A más de diez años del polémico encuentro con «El Chapo», el caso sigue generando consecuencias legales para Kate del Castillo. Por ahora, el siguiente paso dependerá de la decisión del tribunal encargado de revisar el amparo, mientras la actriz mantiene su postura de que fue perjudicada por las investigaciones y el manejo de información relacionada con aquel episodio.